La revisión que hizo el directorio habilitó un recálculo de objetivos intermedios. El tope de déficit fiscal pasó de $566.000 a $874.000 mil millones, mientras que el acopio de divisas en el Banco Central será 700 millones de dólares más bajo que en el acuerdo original.
El directorio del FMI aprobó la primera evaluación de metas que hizo el staff del organismo y habilitó un recálculo de las mismas para los próximos tres trimestres, incluido el que termina esta semana. Según la recalibrada hoja de ruta, el Gobierno ganó un margen de $308.000 millones para el tope de déficit primario en medio de la aceleración del gasto público de los últimos dos meses, y consiguió que la exigencia de acumulación de reservas sea USD 700 millones más leve que en el programa original.
El desempeño de política económica del Gobierno hacia el fin del segundo trimestre que finaliza este jueves -y que será evaluado por el Fondo Monetario entre agosto y septiembre- tendrá nuevos márgenes de acción, lo que simplificaría el cumplimiento de los objetivos comprometidos. “Una nueva repriorización de nuestras políticas garantizará el logro de nuestros objetivos fiscales para fin de año, que consideramos esenciales para cumplir también con nuestros objetivos de acumulación de reservas y financiamiento monetario para fin de año”, mencionó el Gobierno en un nuevo memorando de entendimiento publicado este viernes por el FMI.
“Ante las incertidumbres sin precedentes que están afectando nuestra recaudación de ingresos y las prioridades de gasto, estamos listos para continuar priorizando el gasto público, incluida la asignación entre transferencias, capital y gastos corrientes, en el futuro para garantizar que se cumpla nuestra meta fiscal de fin de año”, continuó el Poder Ejecutivo en su propio informe técnico tras la primera evaluación trimestral, y al hacer un diagnóstico de la marcha de su política en este segundo tramo del año.
En ese sentido, el Gobierno solicitó -y el FMI aprobó- un reajuste nominal de metas como el déficit primario, el límite de asistencia monetaria desde el Banco Central al Tesoro, la deuda flotante, el mínimo de recaudación tributaria y de erogaciones en programas sociales, que responden además de a un cambio de “estacionalidad” del gasto -entre mayo y junio el Poder Ejecutivo gastará $210.000 millones en el refuerzo de ingresos para el sector más vulnerable del mercado laboral y para jubilados-, a una nueva nominalidad proyectada, tras el cambio en la estimación de inflación anual hasta 62 por ciento.
Pasado en limpio: hasta este jueves el Ministerio de Economía tendrá una meta de techo al déficit primario que será de $874.000 millones. Como referencia, en el acuerdo original firmado en marzo, ese tope era de $566.000 millones, un incremento levemente superior a los $300.000 millones. De acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda con números acumulados a mayo -a falta de un mes- el Gobierno tenía un rojo fiscal primario de $462.000 millones. De esta manera, el Estado tendría un margen adicional de gasto superior a los $400.000 millones en junio.
