La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció hoy penalmente al presidente Alberto Fernández, al ministro de Economía, Sergio Massa, y al secretario de Comercio, Matías Tombolini, por haber convocado al gremio de Camioneros para el control de precios con el objetivo de «amedrentar y disciplinar a supermercadistas y centros de distribución, por fuera de la ley».
En la denuncia, que también lleva la firma de los diputados nacionales diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, se los acusa por «los delitos de incumplimiento de funcionarios públicos, abuso de autoridad, intimidación pública, instigación a cometer delitos».
Para Carrió y sus colaboradores, el Gobierno apeló a una «patota paraestatal» a fin de «eludir los mecanismos legales de contralor de precios, a través de sus inspectores, con auxilio de la fuerza pública y, con eventuales allanamientos pedidos a la Justicia».
Según reconstruyeron en la presentación judicial, este «acuerdo mafioso» entre dirigentes de Camioneros y funcionarios del Ministerio de Economía se consumó el 13 de diciembre pasado en una reunión reservada.
A su criterio, desde el Gobierno «dejan en manos de grupos caracterizados por su apego al delito, como modo de hacer ejecutar sus propósitos, con explícito aval oficial».
